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La Corte avala la ley Kumamoto

Luis Carlos Ugalde


El Financiero

El fallo de la Suprema Corte que avaló ayer la llamada ley Kumamoto, que reduce el financiamiento público de los partidos políticos en Jalisco, puede sentar una dinámica virtuosa para que otras entidades emulen el ejemplo y se genere un efecto dominó que baje las prerrogativas de los partidos a lo largo del país. La reforma que hizo el Congreso de Jalisco, con el apoyo del gobernador de aquella entidad y con el voto de la mayoría de los diputados, cambia la fórmula de financiamiento de los partidos en dos sentidos: por una parte, reduce el financiamiento ordinario (el que reciben en años no electorales) y luego ata el financiamiento de campañas al número de votos emitidos en la última elección, y no al número de personas registradas en el padrón electoral.

En la reforma electoral de 2014 se aumentó –sin justificación alguna– el dinero de los partidos en el ámbito estatal, una medida que pasó de noche. (Debe subrayarse que en México los partidos reciben financiamiento por dos vías: como partidos con registro nacional ante el INE y como partidos con registro estatal ante los institutos locales u Oples). 

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