Asociados en prensa

Limitaciones de la maquinaria electoral del PRI

Antonio M. Prida


El Semanario

Según lo confirmó el Financial Times a finales del año pasado, suele pensarse que la potente maquinaria del PRI en materia electoral es capaz de imponer a su candidato y evitar que AMLO o Anaya lleguen al poder y que la utilizará a todo vapor en las próximas elecciones con dicho propósito.

Si bien el PRI en efecto cuenta con dicha potente maquinaria, construida a lo largo de esos casi 70 ominosos años en que lo padecimos como Partido de Estado, lo que sin duda le puede dar cierta ventaja respecto de los otros partidos, también es cierto que nuestro sistema electoral ha avanzado notoriamente, aunque “a paso gallo gallina”, desde la fundación del PAN hace casi 80 años.  Hay que recordar la Reforma Política de Jesús Reyes Heroles el viejo, la cual, entre otras cosas, abrió el Senado a la oposición mediante la instauración del sistema de representación proporcional para la elección de diputados y senadores, lo que luego de dos décadas permitió contar con una mayoría opositora en la Cámara de Diputados. También fue muy significativa la adopción del TLC, ya que sacó del control del PRI la legislación en materia de inversión, y lo fue también la creación de los entonces IFE y TRIFE, a través de los cuales los ciudadanos arrebatamos el control de las elecciones de las manos del PRI, todo lo cual permitió la alternancia en la Presidencia de la República en el 2000.

Es así que hoy contamos con un sistema electoral suficientemente fuerte como para evitar dicha intromisión indebida del PRI en el resultado de nuestras elecciones federales y locales de julio próximo. Es lamentable, sin embargo, que dicho sistema controlado por el actual Instituto Nacional Electoral cuente tan sólo con la confianza pública de la mitad de la población de nuestro país, cuando se sustenta en un Registro Nacional de Electorescon alrededor de 90 millones de inscripciones, siendo uno de los más grandes y bien integrados del mundo, así como con una estructura que permitirá la participación de alrededor de un millón 400 mil funcionarios de casilla, insaculados (sorteados electrónicamente con base en la primera letra del apellido) entre los ciudadanos registrados; todo lo cual hace virtualmente imposible que la maquinaria del PRI pudiera controlar la actuación de dichos funcionarios de casilla que habrán de contar los votos de nuestra próxima elección, en un número tal que pudiera cambiar el resultado final. Hay que decirlo con todas sus letras: quien dañó en gran mediada el gran prestigio que el IFE tuvo al inicio, fue AMLO, quien ha desconocido sistemáticamente sus fracasos electorales, como parte de su estrategia de “mandar al diablo las instituciones”. No se percata de que si no tenemos un sistema electoral que cuente con la confianza ciudadana, no hay forma de que él llegue al poder con legitimidad.

Aunque, desde luego, los partidos políticos (y no sólo el PRI) desafortunadamente incurren en prácticas de proselitismo desaseadas, tales como la distribución ilegal de bienes y servicios, con el fin de inducir el voto de los ciudadanos, abusando de la pobreza extrema de muchos de los electores, lo cierto es que cuando el elector se presenta en su casilla a sufragar, realiza su voto en secrecía, lo cual le brinda la libertad suficiente para votar por quien quiera, aun en el caso de que hubiera comprometido su voto en favor de algún partido político determinado. Quienes garantizarán dicha secrecía de los 86 millones de electores que sufragarán este año son, ni más ni menos, que los ciudadanos aleatoriamente seleccionados para participar como funcionarios de casilla, así como los representantes de los diversos partidos políticos y los observadores nacionales e internacionales que tienen la posibilidad legal de estar presentes en todas y cada una de las mas de 150 mil casillas electorales que serán instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional.

En este campo no son de menor importancia las facultades de fiscalización con que cuenta el INE, capaz de atender alrededor de 73 mil reportes de campaña para asegurar que los topes de gastos de campaña sean respetados y sus excesos castigados conforme a la ley.

Para el caso de las controversias que puedan surgir durante el proceso electoral federal de este año, nuestro sistema electoral cuenta, tanto con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que tiene a su cargo la persecución de dichos delitos, como con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, capaz de anular la votación en las casillas en las que algún partido político impugne y logre probar conforme a derecho anomalías suficientes que la provoquen, así como la votación de algún distrito electoral y, de estar justificado, la votación de un Estado y aun la votación federal en casos graves, incluida la elección Presidencial. Ya no cabe desconocer el resultado electoral en las calles, si un fraude no es probado ante las autoridades competentes.

Ya trabaja el INE en la necesarísima flexibilización del formato de los debates entre candidatos que permita al espectador contrastar los diagnósticos y las propuestas de solución de los candidatos a los grandes problemas que enfrenta la Nación, tanto a nivel federal como local.

Otro elemento a destacar de nuestro próximo proceso electoral, al que ya nos hemos referido en un anterior artículo publicado en El Semanario, es la posibilidad para los partidos de establecer un Gobierno de Coalición con uno o varios de los partidos representados en el Congreso, ya no para fines electorales, sino para poder gobernar, contando con una mayoría estable para lograr adoptar los acuerdos que sean necesarios para implementar su plan de gobierno.

Todo este andamiaje legal, incluido el prestigio de Lorenzo Córdova, actual Consejero Presidente del INE, y la experiencia probada de sus funcionarios, debe darnos la confianza de que los cerca de 3 mil 500 cargos que los mexicanos habremos de designar mediante nuestro voto en las elecciones federales que incluirá al Presidente, 500 Diputados y 128 Senadores, así como en las elecciones locales que incluirá al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 9 Gobernadores, permitirá una redistribución del poder según los deseos de nuestra población, incluyendo en esta ocasión la participación de alrededor de 350 mil votantes que residen en el extranjero.

Tal como nos lo ha hecho notar Luis Rubio, Presidente del COMEXI, el llamado “Factor Trump” ha eliminado ya el carácter de “inviolabilidad” del TLC, por lo que ya no existe el elevado costo político que su eliminación habría entrañado en el pasado. En esta elección,“no habrá un ancla internacional que garantice la continuidad de la política económica”y nos enfrentará a “una nueva realidad política”, la de estar expuestos por primera vez, desde 1994, a las decisiones del ganador de la elección presidencial. Mucho está en juego, digo yo, y pasará lo que la mayoría decida.

 

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